San Javier está sumida en una vorágine de inquietudes a raíz de la desmesurada oferta económica presentada por Aqualia en el concurso para gestionar el suministro de agua potable y saneamiento en esta localidad murciana. Este contrato, con una duración de 20 años y un presupuesto de 247 millones de euros para las arcas municipales, marca un hito al convertirse en uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia del municipio.
La propuesta final de Aqualia supera en un 56% las ofertas presentadas por sus competidores, lo que ha generado profundas preocupaciones sobre la asignación de recursos. Este exceso implicaría destinar un 17,5% del presupuesto anual del municipio, que asciende a 60 millones de euros, y ha suscitado interrogantes sobre la sostenibilidad financiera y la transparencia en el proceso. La oferta de Aqualia, que incluye las inversiones proyectadas durante el contrato, asciende a un total de 89 millones de euros, una cifra que supera en 29 millones la propuesta de su competidor, y cuyo gasto será asumido por las arcas municipales.
La mesa de contratación del Ayuntamiento de San Javier, de manera unánime, emitió un informe favorable a la propuesta de FCC Aqualia, recomendando la adjudicación del contrato de concesión después de evaluar las justificaciones y afirmar que “ha quedado demostrado que los licitadores poseen la experiencia y capacidad técnica adecuadas”. No obstante, esta decisión ha generado aún más controversia debido a las circunstancias que rodean el proceso.
El elevado coste no es el único motivo de discordia; todo el proceso está marcado por la controvertida relación entre Ingeagua, la consultora externa encargada de redactar los pliegos y condiciones de la licitación, y FCC Aqualia, uno de sus clientes. Ingeagua otorgó a Aqualia la máxima puntuación posible en los criterios técnicos de valoración subjetiva, lo que ha planteado serias dudas sobre la imparcialidad del proceso y ha avivado las sospechas de corrupción.
La fiscalía ha aceptado la solicitud del grupo municipal Pleamar de investigar las graves irregularidades detectadas en el proceso de licitación y los posibles conflictos de interés entre Ingeagua y Aqualia. Pleamar sigue instando al gobierno municipal a detener la contratación hasta que se aclaren las acusaciones. Antonio López-Alemán, líder del grupo municipal, explicó que buscaron respuestas del ayuntamiento, pero no obtuvieron ninguna, lo que los llevó a presentar un dossier informativo a la fiscalía que finalmente condujo al inicio de la investigación.
La última palabra ahora la tiene el pleno municipal, que en una sesión extraordinaria deberá decidir si continúa con la adjudicación del contrato o si la suspende hasta que la justicia se pronuncie.
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