La Fiscalía de Cartagena ha anunciado que ha encontrado “indicios de criminalidad” en el marco de su investigación de los procedimientos llevados a cabo a lo largo de toda la licitación del contrato de gestión del agua y alcantarillado del Ayuntamiento de San Javier. Este anuncio confirma las preocupaciones previas planteadas por el grupo municipal Pleamar sobre posibles irregularidades en un contrato que abarca dos décadas y un valor de 247 millones de euros. Coincidiendo con el inicio de las investigaciones de la Fiscalía, la mesa de contratación del ayuntamiento, presidida por el alcalde del PP Luengo Gallego, emitió su informe favorable a la propuesta presentada por FCC Aqualia, que ha sido el centro de todas las polémicas desde el inicio de la licitación. El siguiente y último paso para la adjudicación es la aprobación en pleno municipal y, de ser así, podría acabar en los tribunales.
Pleamar ha confirmado que el pasado lunes 11 de septiembre recibió un nuevo comunicado de la Fiscalía, confirmando la incoación firme de diligencias penales. La Fiscalía considera que los hechos presentados tienen “indicios de criminalidad”, lo que intensifica la investigación sobre el controvertido contrato. Frente a esta situación, el grupo municipal apunta a la necesidad de frenar el proceso y exige una nueva adjudicación del contrato desde cero, ofreciendo su apoyo a los funcionarios municipales involucrados en este proceso.
Hay numerosas sombras que se alargan en este proceso de adjudicación de uno de los mayores contratos municipales. Empezando por la selección de la consultora externa Ingeagua para la redacción y evaluación de las propuestas presentadas. Se ha cuestionado la objetividad de las evaluaciones, ya que parecen haberse basado en criterios subjetivos de adjudicación sin que se proporcionen razones específicas para otorgar la máxima puntuación. Aunque Aqualia obtuvo la calificación más alta en las notas técnicas del concurso público, ha surgido disputa en torno al presupuesto presentado, que superó en un 24% el límite económico máximo estipulado en las especificaciones de la licitación.
Las sospechas se intensificaron cuando se reveló que Ingeagua había alentado a Aqualia, que también es cliente suyo, a participar en el concurso. Como respuesta a estas sospechas de ilegalidad, la Fiscalía ha enfocado su investigación hacia Aqualia y está buscando acceso al contrato con Ingeagua para arrojar luz sobre esta relación y determinar si existen irregularidades.
Otro foco de la investigación es en relación con el Ingeniero Municipal local, Juan Gabriel Lizán García, que fue quien decidió y contrató a Ingeagua para el diseño y gestión de la licitación del contrato del agua de San Javier. Cabe recordar que Lizán García había tenido previamente una relación muy estrecha con FCC Aqualia a raíz de su paso por la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, donde supervisaba un contrato de servicios de agua que gestionaba esta empresa.
Silencio atronador del Ayuntamiento de San Javier
Las sospechas de ilegalidades en la licitación del contrato del agua y el alcantarillado empezaron hace meses y han acabado en manos de la Fiscalía por una falta flagrante del Ayuntamiento de San Javier respecto a este tema. Pleamar había instado al alcalde, José Miguel Luengo Gallego, a comparecer públicamente desde el pasado 13 de mayo, con el objetivo de aclarar las noticias que apuntaban a supuestas ilegalidades en el mencionado contrato. Pleamar expresó su descontento ante el silencio del alcalde y, el 24 de mayo, tomó la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía todo lo que se había publicado en la prensa, en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En la sesión plenaria del 3 de agosto, el concejal y portavoz del grupo municipal Pleamar, basándose en las presuntas irregularidades reportadas en los medios, solicitó al equipo de gobierno que reseteara el procedimiento de contratación para garantizar su transparencia y legalidad. Posteriormente, el 4 de agosto, Pleamar recibió una comunicación de la Fiscalía en la que se informaba que se estaban abriendo diligencias relacionadas con el asunto. Por respeto al proceso judicial, Pleamar optó por no hacer comentarios ni publicaciones al respecto, hasta ahora, cuando ha habido la confirmación de indicios de criminalidad por parte de la autoridad judicial.
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