Escándalos de corrupción vinculan a políticos con contratos de Aqualia
El alcalde de la región colombiana de Riohacha ha sido imputado por supuestas irregularidades en contratos de agua, mientras que en España, la fiscalía ve indicios de criminalidad en el proceso de licitación del suministro de agua en San Javier.
El escándalo relacionado con las irregularidades en el proceso de licitación del contrato de suministro de agua potable y saneamiento del municipio murciano de San Javier ha puesto de manifiesto un preocupante patrón en la estrategia de la empresa FCC Aqualia, ya que estas prácticas parecen ser comunes en su forma de operar. En Colombia, varios políticos locales han sido imputados y suspendidos de sus funciones por la procuraduría del país debido a la detección de irregularidades en los contratos otorgados a Aqualia para la gestión del agua.
El modelo de actuación de Aqualia para obtener contratos lucrativos relacionados con la gestión del agua no se limita a España y se reproduce en otras partes del mundo. Recientemente, José Ramiro Bermúdez, el alcalde de la región colombiana de Riohacha se enfrenta a acusaciones judiciales por parte de la Procuraduría General de la Nación, el equivalente a la fiscalía española, debido a supuestas irregularidades en la administración municipal en la implementación del sistema integral de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones, Riohacha, que fue otorgado a Aqualia.
La justicia colombiana atribuye al alcalde la presunta violación de los principios de responsabilidad y planificación en el proceso de contratación, al abrir la licitación, adjudicarla y celebrar el contrato de operación con Aqualia, a pesar de la aparente presencia de problemas señalados por la Procuraduría que podrían comprometer el contrato. La justicia colombiana asegura que Aqualia no proporcionó una descripción adecuada de las obras a realizar ni su programación. Además, no llevó a cabo los estudios y análisis necesarios para el diagnóstico, requisitos, viabilidad y definición de las inversiones en el área.
En este proceso legal también se han visto involucrados los miembros del comité evaluador, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, el director de Contratación y el tesorero del distrito. La procuraduría los ha implicado al considerar que permitieron que “el oferente corrigiera el requisito de rentabilidad del activo, que forma parte de la capacidad organizativa, validando una norma que no estaba contemplada en el pliego de condiciones finales”, según se indica en el auto. En consecuencia, todos los funcionarios públicos responsables relacionados con la contratación de Aqualia en este municipio colombiano enfrentan actualmente acusaciones y han sido suspendidos temporalmente de sus cargos públicos.
La historia se repite en San Javier
El municipio murciano de San Javier puede repetir la historia de Colombia, ya que el ayuntamiento, gobernado por el popular Jose Miguel Luengo Gallego, otorgó la victoria a Aqualia en un proceso de licitación que aparentemente fue diseñado a medida por la consultora Ingeagua, la cual, a su vez, es cliente de Aqualia.
A raíz de una denuncia presentada por el grupo político Pleamar, la Fiscalía de Cartagena inició una exhaustiva investigación en septiembre acerca del proceso de licitación del contrato para la gestión del agua en el municipio. En este contexto, la Fiscalía solicitó al ayuntamiento y a la Mesa de Contratación información detallada sobre las propuestas presentadas y los criterios de evaluación empleados por la mesa de contratación. Esto se hizo con el objetivo de determinar si se han cometido irregularidades, tal como sugieren los primeros indicios.
El alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) está en el ojo de la polémica al respaldar el proceso de adjudicación, a pesar de las evidencias presentadas por la oposición que señalan múltiples irregularidades. A pesar de las advertencias de la oposición sobre posibles perjuicios para San Javier en caso de que el proceso sea anulado, el alcalde ha rechazado en repetidas ocasiones la idea de suspender o detener el procedimiento.
Las sospechas de irregularidades en el proceso se intensificaron cuando se reveló que Ingeagua, la empresa encargada de evaluar las ofertas había alentado a Aqualia, también cliente suyo, a participar en el concurso. Esta práctica habitual de Ingeagua con Aqualia se ha repetido en licitaciones públicas en toda España, donde la consultora acaba desempeñando un papel dual en el proceso, siempre en beneficio de la filial de FCC. En respuesta a estas sospechas de ilegalidad, la Fiscalía ha centrado su investigación en Aqualia y busca acceder al contrato con Ingeagua para esclarecer esta relación y determinar si existen irregularidades.
Otro aspecto bajo investigación en San Javier involucra al Ingeniero Municipal local, Juan Gabriel Lizán García, quien fue el responsable de seleccionar y contratar a Ingeagua para diseñar y gestionar la licitación del contrato de agua en San Javier. Lizán García tenía una relación cercana con FCC Aqualia debido a su anterior trabajo en la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, donde supervisaba un contrato de servicios de agua gestionado por esta empresa.
La mesa de contratación, el alcalde de San Javier, sus concejales y la empresa Ingeagua podrían enfrentar cargos por diversos delitos, siguiendo un patrón similar al que recientemente se ha visto en Colombia.
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