En el proceso de licitación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en San Javier, Murcia, ha surgido un sorprendente hallazgo. Una investigación a la que hemos tenido acceso revela que el actual alcalde, José Miguel Luengo Gallego, mantuvo una relación laboral con el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Este hecho se produce después de que Aqualia obtuviera el contrato municipal por un valor de 247 millones de euros. Estas revelaciones aumentan las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en el proceso de licitación de este servicio esencial en el municipio murciano.
José Miguel Luengo Gallego, ingeniero con formación técnica especializada en topografía y urbanismo, trabajó en la empresa José Diaz Garcia S.A. hasta el año 2011. Además, presidió la mesa de contratación responsable de adjudicar el contrato a Aqualia.
José Díaz García S.A. es una empresa de construcción con sede en San Javier, que destaca a nivel nacional por su especialización en la ejecución integral de proyectos. La documentación pública relacionada con el proceso de licitación muestra que Aqualia propuso a José Díaz García S.A. como la contratista encargada de realizar las obras civiles necesarias en el municipio.
La relación laboral de José Miguel Luengo Gallego con el contratista comenzó en el año 2008 y se extendió hasta el 2011, momento en que inició su carrera política como diputado en la Asamblea Regional de Murcia y como concejal de Obras, Servicios Municipales y Pedanías en el Ayuntamiento de San Javier.
Desde junio de 2015, José Miguel Luengo Gallego ocupa el cargo de alcalde en San Javier, con una asignación salarial anual de 52,000€, además de ejercer la presidencia en la comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Un aspecto altamente preocupante es que, en su papel de alcalde de San Javier, Luengo Gallego también preside la Mesa de Contratación del municipio, una entidad encargada de tomar decisiones relativas a los contratos públicos. Entre sus responsabilidades se incluye supervisar la declaración responsable relacionada con la capacidad y solvencia de los licitantes, determinar qué licitadores no cumplen los requisitos y deben ser excluidos del proceso, asignar puntuaciones a los licitadores y elegir al licitador que obtiene el contrato. Curiosamente, la mesa de contratación respaldó la propuesta de Aqualia como la ganadora del contrato de 247 millones de euros en septiembre, el contrato de mayor envergadura en el ámbito municipal.
Este reciente hallazgo plantea una serie de interrogantes acerca de si la relación laboral previa del alcalde pudo influir en la decisión de otorgar el contrato de servicios de agua a Aqualia. En respuesta a esto, diversos grupos sociales y partidos de la oposición en el municipio han estado presionando durante algún tiempo para detener el proceso de contratación y llevar a cabo una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer posibles conflictos de interés en el proceso de licitación.
En el Punto de Mira de la Fiscalía
La Fiscalía de Cartagena ha planteado serias interrogantes sobre el proceso de licitación. A solicitud del grupo municipal Pleamar, en el pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Cartagena inició una investigación en relación con la adjudicación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, debido a la detección de indicios de posibles actividades delictivas en el concurso público.
Además, el escrito de la Fiscalía también ha puesto su atención en la conducta controvertida del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien tenía vínculos previos con Aqualia y, paradójicamente, fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones políticas de favoritismo y de tráfico de influencias en el proceso de selección, lo que agrava aún más la situación.
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