En la sesión ordinaria del pleno celebrada el 19 de octubre en San Javier, Murcia, el Partido Popular bajo el liderazgo del alcalde José Miguel Luengo Gallego, respaldado por sus 10 concejales, otorgó a Aqualia la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado por los próximos 20 años, con un contrato que asciende a la suma de 247 millones de euros. Sin embargo, esta decisión se toma en medio de una creciente controversia que rodea todo el proceso de licitación.
La concesión se efectuó en un momento en el que el plazo para presentar recursos aún no había concluido, lo que agrega una capa adicional de complejidad a la situación. Además, han surgido inquietudes acerca de posibles tratos de favor otorgados por el alcalde a Aqualia, y una investigación de la Fiscalía de Cartagena está en curso debido a presuntos indicios de irregularidades en el proceso de licitación, así como sospechas de favoritismo entre Ingeagua y Aqualia. Este conjunto de escándalos ha arrojado una sombra sobre la concesión del contrato.
La aprobación de este nuevo contrato para la gestión del agua potable y alcantarillado en la localidad murciana se produce mientras aún está en vigor el plazo legal para la presentación de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TacRC), que concluye alrededor del 26 de octubre. Esto significa que, en caso de que los recursos sean admitidos, podría desencadenarse un proceso para revertir la adjudicación, lo que resultaría en un incremento significativo de los costes administrativos municipales relacionados con la contratación del servicio.
Recientemente, se ha conocido que el alcalde del Partido Popular, Luengo Gallego, trabajó durante 3 años en la principal empresa contratista propuesta por Aqualia, José Díaz García, S.A., para llevar a cabo las obras civiles durante la vigencia del contrato de 20 años. Además, en su calidad de alcalde, preside la Mesa de Contratación del municipio, el órgano encargado de la adjudicación de contratos públicos. Esto ha generado preocupaciones acerca de posibles conflictos de interés, particularmente porque la Mesa de Contratación aprobó la propuesta de Aqualia el pasado mes de septiembre.
Este contrato del agua, el más cuantioso del consistorio, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía. El 11 de septiembre, la Fiscalía de Cartagena notificó al Ayuntamiento de San Javier y al alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) sobre posibles indicios de irregularidades y un presunto delito de prevaricación administrativa según el Artículo 404 del Código Penal. La fiscalía solicitó información al ayuntamiento y a la Mesa de Contratación sobre las ofertas presentadas y los sistemas de puntuación utilizados, con el objetivo de determinar si se cometieron irregularidades. Esta investigación sigue en curso.
Otro elemento que se suma a las preocupaciones sobre el proceso de licitación del servicio de agua es el conflicto de interés entre Ingeagua, la empresa responsable de evaluar las ofertas, y Aqualia. En situaciones donde Ingeagua asesora en el proceso de licitación y Aqualia, que a su vez es cliente de Ingeagua, se presenta y gana el concurso en la mayoría de los casos, se ha generado una percepción de favoritismo. Esto ha resultado en que cientos de millones de euros se otorguen de esta manera en todo el territorio español.
La adjudicación del servicio de agua se aprobó en el pleno con los 11 votos del Partido Popular, mientras que los 3 concejales de VOX se abstuvieron y los 3 concejales del Partido Socialista, junto con los 2 de Pleamar y el único concejal de Unidas Podemos San Javier, votaron en contra. Además, en la misma sesión, se acordó mantener la prestación del servicio municipal hasta la firma del contrato de la nueva concesión, lo cual ocurriría después de la resolución, si es el caso, de las reclamaciones, recursos o alegaciones que puedan presentarse.
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