El Alcalde del Partido Popular en San Javier, Investigado por Amenazas al Presidente de Pleamar
Hoy por la mañana, José Miguel Luengo Gallego, el alcalde del Partido Popular en San Javier, se ha sentado en el banquillo de los acusados en el Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad murciana. Luengo Gallego se enfrenta a una investigación por presuntas amenazas a Manuel Reyes Crespo, el presidente del partido político local Pleamar, ocurridas el 28 de mayo. Estos hechos se produjeron cuando ambos se dirigían a ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales.
El detonante de estas amenazas parece haber sido las críticas de Pleamar a la gestión y supuestas irregularidades del gobierno municipal en el proceso de licitación del contrato del agua potable y alcantarillado de la ciudad. Estas acusaciones llevaron al alcalde a perder los nervios.
Este episodio se suma a la controversia global en torno al concurso del agua, que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía de Cartagena debido a supuestos indicios de criminalidad en la adjudicación del contrato, que recientemente fue otorgado a la filial de FCC Aqualia.
Luengo Gallego llegó al Palacio de Justicia de San Javier con un semblante de impunidad, acompañado de su esposa, Pilar Amelia Martínez Martínez, su chófer oficial, Héctor Verdú Verdú, quien es el segundo teniente de alcaldía del municipio, y el diputado popular y exconcejal de San Javier, Carlos Albadalejo Alarcón. La vista comenzó a las 9:30 de la mañana.
Por su parte, el presidente de Pleamar ha mantenido un perfil más discreto. En diversas ocasiones, Reyes Crespo lamentó la situación y declaró que habría retirado la denuncia si el alcalde hubiera ofrecido disculpas públicas o se hubiera acercado a él para hacerlo. Su enfoque es buscar justicia en lugar de venganza personal.
Las amenazas alegadas por Reyes Crespo se detallan en la denuncia presentada ante la Guardia Civil de San Javier, donde se sostiene que el actual alcalde le habría dicho que “la política tiene un límite y te has sobrepasado, eres un sinvergüenza, voy a por ti, te arrastrarás hacia mí e iré a por tus propiedades y por la farmacia de tu esposa”. Estas graves acusaciones motivaron la formalización de la denuncia.
El conflicto entre Luengo Gallego y Manuel Reyes tiene raíces profundas, ya que ambos eran miembros del Partido Popular de San Javier. En 2012, Reyes fue invitado a dejar la formación debido a desacuerdos en relación a la mejora de la localidad murciana.
Este enfrentamiento también está relacionado con la adjudicación del servicio de aguas y alcantarillados del municipio de San Javier a la empresa Aqualia. En las últimas semanas, este tema ha adquirido gran relevancia en el municipio, con fuertes críticas dirigidas hacia la gestión del alcalde y su equipo de gobierno.
La Fiscalía de Cartagena ha comunicado al Ayuntamiento de San Javier y al alcalde, José Miguel Luengo Gallego, que en la licitación del contrato de agua se observa un posible indicio de criminalidad y un supuesto delito de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal. A pesar de los intentos del alcalde por justificar la licitación, el análisis del fiscal, basado en la documentación de la plataforma de contratación, reveló que no toda la información del expediente estaba disponible, lo que llevó a solicitar más información al equipo de gobierno.
Este complejo panorama se complica aún más dado que Luengo Gallego trabajó durante tres años en el principal contratista de obras propuesto por Aqualia
. Esta circunstancia ha generado preocupaciones adicionales sobre posibles conflictos de interés. Además, el alcalde desempeña el papel de presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano responsable de resolver los contratos públicos. Entre sus funciones está la puntuación de los licitadores y la selección de un contratista. La mesa de contratación aprobó la propuesta de Aqualia en septiembre como la elegida para el contrato de 247 millones de euros.Las acusaciones de amenazas a Manuel Reyes son un ejemplo más de la tensión y las tácticas empleadas por el alcalde de San Javier en casos de supuestas irregularidades en contratos públicos. La comunidad política sostiene que en juego no está solo la reputación de Luengo, sino también su cargo si la sentencia es desfavorable.
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