El Ayuntamiento de San Javier (Murcia) está bajo el escrutinio público debido a su falta de transparencia en el proceso de gestión del agua y alcantarillado en el municipio. Este proceso, liderado por José Miguel Luengo Gallego del Partido Popular, ha generado críticas, sospechas de corrupción e incluso una investigación por parte de la Fiscalía.
Diversos grupos políticos y asociaciones de la ciudad han expresado su preocupación por la falta de acceso a información crucial relacionada con las propuestas para la gestión del agua. El acceso a la documentación relevante es complicado, y gran parte del contenido de las propuestas se mantiene en secreto. Se ha instado al gobierno de San Javier a garantizar la transparencia y proporcionar acceso público a la documentación.
Cuando se logra encontrar la información en la página web, la mayoría de los documentos están censurados. Esto plantea dudas sobre el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública. La censura dificulta la comprensión de los proyectos y limita el derecho a la información.
El líder del grupo municipal Pleamar, Antonio López-Alemán, ha denunciado la falta de transparencia y opacidad en el contrato. Ha pedido explicaciones tanto al gobierno como a los miembros de la Mesa de Contratación, responsables de la resolución del contrato.
Las controversias han rodeado el proceso de licitación desde el principio. Se ha cuestionado un posible conflicto de intereses entre la consultora Ingeagua y el concurso. Además, la oferta de inversiones de Aqualia superó significativamente el límite establecido en los pliegos y excedió en un 56% a las ofertas de otros competidores.
La Fiscalía de Cartagena inició una investigación en septiembre sobre el concurso público de 247 millones de euros. Se han detectado indicios de criminalidad en un contrato que los habitantes del municipio pagarán durante las próximas dos décadas.
La Fiscalía también ha señalado la controvertida actuación del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien previamente estuvo vinculado a Aqualia
y fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Esto ha generado acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias en el proceso de selección.El debate sobre la falta de transparencia en el contrato continúa, y tanto los ciudadanos como los partidos de la oposición esperan que el gobierno municipal rectifique y paralice el contrato multimillonario. Se necesita una mayor apertura a la información y la resolución de los problemas que afectan al contrato.
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